HB 56: La triste realidad/The Sad Reality

Con el comienzo del año nuevo, vamos a mirar hacia atrás en lo que fue probablemente el tema más inquietante de inmigración del 2011: el paso de HB 56 en Alabama — y los efectos a los inmigrantes indocumentados en esa  área.

As the New Year begins, let’s look back at what was probably the most disturbing immigration issue of 2011— the passing of Alabama’s HB 56—and how it has affected the undocumented immigrants in that area.

(English version below)
Con el comienzo del año nuevo, vamos a mirar hacia atrás en lo que fue probablemente el tema más inquietante de inmigración del 2011: el paso de HB 56 en Alabama — y los efectos a los inmigrantes indocumentados en esa  área.La ley de inmigración más punitiva dela nación, fue aprobada el año pasado por la legislatura de Alabama: la primera dirigida por los republicanos en más de 140 años- y firmada el 9 de junio del
2011 por el gobernador de Alabama, Robert Bentley, quien la llamó una medida
crucial para proteger los puestos de trabajo de los ciudadanos estadounidenses
legales en el estado. La ley entró en vigor el 29 de septiembre del 2011 y ha provocado una crisis humanitaria en Alabama. Creada con la intención de regular "cada aspecto de la vida de una persona",la HB 56 imita y va incluso más allá de la estricta legislación de Arizona, la SB1070.
Debido a esto, un número de organizaciones de derechos civiles y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron demandas separadas contra el proyecto de ley y el 28 de septiembre del 2011, la jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Sharon Blackburn, emitió una sentencia de bloqueo de ciertas disposiciones de la HB 56, incluida la que se tipifican como delito el transporte o darle vivienda a un inmigrante indocumentado. El 14 de octubre del 2011, la 11a Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió una sentencia que bloquea la disposición que obliga a las escuelas para recopilar información sobre la situación de inmigración de sus alumnos mientras que defiende la disposición "documentos por favor", que permitirá la aplicación de la ley local de detener a personas que se sospechan podría ser indocumentados. Independientemente, las familias están huyendo del estado, niños tienen miedo de ir a la escuela, las personas tienen
miedo de abandonar sus hogares, a personas se les niega los servicios básicos como el acceso al agua, los empleadores están enojados y los cultivos están pudriendo en los campos. En este momento muchos estarían de acuerdo que la ley ha desatado una ola de miedo y violaciones en los derechos civiles no vistos en Alabama durante décadas y que ha traído la atención mundial y condena de los políticos que lo habían avanzado. El peaje humano y económico catastrófico que ha forjado la ley sobre el estado de Alabama, debería servir como una señal de advertencia a los líderes de otros estados, por ejemplo en Luisiana,a no seguir Alabama por este camino peligroso.
Plyler v. Doe
Quizás la parte de la legislación que afecta a muchas personas es la parte que afecta a los niños. En una sentencia del Tribunal Supremo de 1982, Plyler v. Doe, dice que a los niños indocumentados no se les puede negar la educación pero en la forma en que la
nueva ley está escrita, los educadores son obligados a convertirse en agentes
de inmigración porque requiere que las escuelas revisen el certificado de nacimiento de cada estudiante nuevo para determinar si el niño nació en los Estados Unidos o si el niño es "un extranjero presente ilegalmente"en los Estados Unidos. Los educadores
no tienen el fondo o formación para determinar el estatus migratorio de un
individuo. Y no es su trabajo. Como Sally Howell, directora ejecutiva
de la Asociación de Alabama de Juntas Escolares, afirmó, "Estamos
preocupados por el efecto escalofriante sobre la asistencia y registro de los
estudiantes que estamos obligados por ley a servir." Como resultado, 2.285 estudiantes
hispanos fueron demasiado miedosos a asistir a clase el primer lunes después de
la sentencia del la jueza Blackburn. De
mayor preocupación son los 28.000 niños ciudadanos que son vulnerables a perder
a un padre y corren el riesgo de ser separados de sus familias completamente y
puestos en hogares de guarda.
¿Qué pueden hacer los padres si son arrestados o deportados?
Continuando a preocupar a muchos padres es lo que le sucede a los niños si ellos son arrestados por cualquier motivo o peor fueran,deportados. La respuesta es que depende de la situación y sólo un juez federal de inmigración puede decidir quien debe abandonar el país y cuando. Niños
ciudadanos de este país, tienen el derecho a permanecer en los Estados
Unidos. Los padres, sin embargo,pueden elegir que ellos vuelvan a su país de origen de los padres. Si ambos padres pueden ser deportados,lo mejor es tener un plan para evitar a un niño entrar bajo custodia del estado. Esto puede hacerse mediante la
preparación de un poder notarial. Cuando individuos crean un poder notarial están afirmando lo que quieren que alguien haga por ellos si están detenidos o deportados. Porque distintos estados tienen distintos requerimientos de un poder válido, se recomienda buscar asesoramiento jurídico al preparar uno.Un poder es temporal y puede darle tranquilidad a los padres. No se considera un contrato.
Efecto local
¿Cuántas familias se han mudado al área metropolitana
desde el paso de la HB 56 en Alabama? Le preguntamos a una empleada del Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson y comentó que ella ha matriculado a niños de Alabama que se han mudado a esta zona, lo que significa que las familias literalmente han cruzado las fronteras del estado para salir de esa zona por temor por sus vidas. "Sí, hemos tenido familias que han venido a ésta área de Alabama," dijo ella. "Cuántos, no tengo esas cifras completas, pero en comparación con las familias que llegaron después del huracán Katrina, puedo decir que no está en esas cifras. Ellos pueden mudarse a otras áreas además de esta parroquia, pero cuando la escuela se inicie en enero una vez más, eso puede cambiar. Ahí es cuando obtenemos nuestra segunda ola de nuevos niños de no habla inglés que vienen a matricularse siendo agosto el mes de la primera ola. "

As the New Year begins, let’s look back at what was probably the most disturbing immigration issue of 2011— the passing of Alabama’s HB56—and how it has affected the undocumented immigrants in that area. The nation’s most punitive immigration law, was passed last year by Alabama’s legislature – the first Republican-led legislature in more than 140 years – and signed on June 9, 2011 by Alabama Governor Robert Bentley, who called it a crucial measure to protect the jobs of legal U.S.citizens in the state. The law went intoeffect on September 29, 2011 and has sparked a humanitarian crisis in Alabama. Created with the intention of
regulating “every aspect of a person’s life,” HB 56 mimics and even goes beyond the strict legislation in Arizona,SB 1070.
 Due to this, a number of civil rights organizations and the U.S. Justice Department filed separate lawsuits against the bill, and on September 28, 2011, U.S. District Court Judge Sharon Blackburn issued a ruling blocking certain provisions of HB 56, including the provision that would criminalize the transportation or housing of an undocumented immigrant. On October 14, 2011, the 11th Circuit Court of Appeals issued a ruling that blocked the provision requiring schools to collect information on the immigration status of their students while upholding the “papers please” provision, which will allow local law enforcement to pull over and detain people whom they suspect could be undocumented. Regardless, families are fleeing the state, kids are afraid to go to school, people are too scared to leave their homes, people are being denied basic services such as access to
water, employers are up in arms, and crops are rotting in the fields. At this point many would agree that the law has unleashed a wave of fear and civil rights violations not seen in Alabama for decades and has brought worldwide attention and condemnation of the politicians who advanced it. The catastrophic human and economic toll the law has wrought on the stateof Alabama should serve as a warning sign to leaders in other states, for example in Louisiana, to not follow Alabama down this dangerous path.
Plyler v. Doe
Perhaps the part of the law that concerns many people is the one
that affects the children. In a 1982 Supreme Court ruling, Plyler v. Doe, provided that undocumented children cannot be denied an education but the way the new law is written, educators are forced to become immigration agents because it requires schools to review each newly enrolling student’s birth certificate and determine if the child was born in the United States or if the child is “an alien not lawfully present” in the United States.
Educators do not have the background or training to determine an individual’s
immigration status. And it is not their job. As Sally Howell, executive director
of the Alabama Association of School Boards, stated, “We're concerned about the
chilling effect on attendance and registration of students that we are
required by law to serve." As a result, 2,285
Hispanic students were too afraid to attend class on the first Monday following
Judge Blackburn’s ruling. Of more concern are the 28,000 citizen children who
are vulnerable to losing a parent, and are at risk for being separated from
their families completely and put into foster care.
What can Parents do if they’re Arrested or Deported?
Continuing to concern many parents is what happens to the children if they are arrested for any reason or worst off,deported. The answer is it depends on the situation and only
a federal immigration judge can decide who must leave the country and when. U.S. citizen
children have the right to remain in the U.S. The parents however can choose to have them returned to the parents’ home country. If both parents can be deported, it is best to have a plan in place to avoid a child going into state custody. This can be done by preparing a power of attorney. When individuals create a power of attorney they are stating what they want someone to be able to do for them if they are detained or deported. Because different states have different requirements for a valid power of attorney, it’s recommended to seek legal advice when preparing one. A power of attorney is temporary and can give the parent peace of mind. It is not considered a contract.
Local Effect
How many families have moved into the metro area since the passing of HB 56 in Alabama? We asked an employee of the Jefferson Parish Public School System and she commented that she has registered children moving from Alabama to this area, which means families have literally crossed state borders to leave that area out of fear for their lives. “Yes, we have had families move into the area from Alabama,”
she said. “How many, I don’t have those complete figures but compared to the families we had come in after hurricane Katrina, I can say it’s not in those record numbers. They may be moving to other areas besides this parish but when school starts in January again, that may change. That’s when we get our second rush of new non-English speaking children registering for school with August being the first.”

 

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